Hoy la sección de opinión de La Nación promueve un debate sobre el financiamiento de la educación superior pública (ver los cuatro artículos); en el que se expresan con nitidez puntos de vista que desde hace décadas están sobre el tapete, sin que en apariencia se haya podido a arribar a puntos básicos de consenso sobre el papel central que la educación superior financiada por el Estado tiene en el desarrollo inclusivo del país.
El debate lo inicia la rectora y presidenta del CONARE Yamileth González García (Queremos un acuerdo que nos permita trabajar) con un artículo mesurado en el cual argumenta esencialmente dos tesis: 1) que el aporte estatal a la educación superior debe entenderse como una inversión a largo plazo en vez de un gasto como suele considerársele cuando se lo evalúa con una perspectiva cortoplacista y 2) que en términos reales el valor del Fondo Especial de Educación Superior (FEES) perdió valor durante la última década del siglo pasado (cuando pasó del 1,15% al 0,79% del PIB). Por lo que en realidad, luego de un acuerdo transitorio en 2009 en las que las universidades públicas aceptaron medidas restrictivas para paliar los efectos locales de la crisis financiera mundial; ahora le correspondería a la educación superior la recuperación de su ritmo de desarrollo con vistas a hacer frente a los desafíos del desarrollo nacional.
Desde mi punto de vista la presidenta del CONARE apunta a elementos básicos del debate, pero parece pasar por alto un dato fundamental para validar su argumento central acerca del carácter de inversión que reviste el aporte estatal a la educación superior. A saber: evidenciar que la inversión en educación superior reditúa de manera más eficaz (y ojalá que más eficientemente) que otras opciones y compromisos de gasto que tiene el Estado. Este talón de Aquiles en muchas de las argumentaciones a favor del financiamiento de la educación superior pública lleva a opositores como Thelmo Vargas (como veremos más adelante) a afirmar que este gasto equivale a echar agua en un canasto.
El siguiente artículo es del Ministro de Educación Pública Leonardo Garnier Rímolo (Entre un presupuesto justo y una pretensión insensata). Hay que reconocer que la argumentación del Ministro es precisa e incluso (tomada fuera del contexto en que se produce la lucha de las universidades y el desarrollo del Estado) demoledora.
El señor Garnier ( a quién recordamos de muchachos en muchas marchas por aumentos en el presupuesto de la UCR que en su momento fueron negados por los gobiernos de turno al considerarlos insensatos) cuestiona directamente la afirmación del CONARE según la cual la propuesta gubernamental “de asignar a las universidades públicas el 1.24% del producto interno bruto (PIB) para el año 2011, y un crecimiento escalonado hasta el 1.30% en el 2015, porcentajes que, ante la reducción del PIB, implican un decrecimiento real de los recursos”. Él pareciera demostrar que no hay decrecimiento, sino que por el contrario se trataría de un incremento de cerca de 175 mil millones de colones en el próximo quinquenio. Aunque en realidad, la tesis de las universidades públicas es que ellas afrontan un decrecimiento presupuestario acumulado desde la década pasada y que ello en términos relativos se acrecienta en vista de la reducción del PIB; el jerarca del MEP asume que las autoridades universitarias perciben la propuesta del gobierno como una reducción relativa y absoluta solamente gracias a que al platear pretensiones desproporciona-das, hacen aparecer cualquier aumento como insuficiente e incluso como una reducción. Seguidamente el Ministro Garnier se pregunta por la razón debido a la cual las autoridades universitarias demandan un incremento, a su juicio, tan desmesurado y como era de esperarse, él mismo responde por aquellas: pues porque están a expensas del crecimiento inercial de sus costos. O sea, para el economista que dirige el MEP, las autoridades universitarias solicitan incrementos por arriba del 12% anual porque solo para hacer frente a sus costos incrementales ocasionados por aumentos salariales e incentivos, necesitan del 8% . En resumen, las universidades públicas, aún con un crecimiento interanual promedio del 13%, dispondrían tan solo del 5% más inflación para mejorar la calidad de la educación y ampliar su cobertura. Pero tal incremento según el Ministro: “es tan insensato como imposible: ninguna institución, por importante que sea, puede pedirle eso a la sociedad.”De allí que el señor Garnier concluye en apariencia apoyando a las universidades públicas al afirmar que estas “necesitan un aumento de su presupuesto, un presupuesto que debe ser justo, sí, pero también razonable.”
Vamos por partes: primero parece obvio que un presupuesto justo debe ser a la vez razonable. Porque si en justicia a las universidades públicas les corresponde un monto presupuestario determinado por sus necesidades, el Estado está obligado a proporcionarles los recursos conforme a un criterio de razonabilidad según el cual esta inversión se prioriza frente a otras que tienen un rédito socioecómico menor. Se trata de una decisión del tipo que por ejemplo opta por invertir en mejoramiento y organización barrial en vez de una dotación mayor de armas y policías, como respuesta a la llamada inseguridad ciudadana.
Pero más que lo anterior, la argumentación del dos veces ministro es insostenible si la cotejamos con la realidad del Estado costarricense. Sin ir muy lejos su propio ministerio tiene un presupuesto que creció entre 2008 y 2009 un 37.5% y que consume en salarios e incentivos cerca del 60% de su monto total. Es decir tiene un peso inercial en el crecimiento de sus costos dos veces superior al de las universidades públicas. Tan es así que el MEP prácticamente no tiene capacidad endógena para costear el mejoramiento de la infraestructura educativa e incrementar la calidad de la enseñanza y por ello recurre sistemáticamente a la cooperación internacional y cada vez más al endeudamiento externo para financiar tales rubros. Sinceramente no creo que don Leornardo forme parte de los enemigos de la educación pública superior, pero en definitiva sus argumentos se avienen con quienes desearan que estas casas de enseñanza asuman su crecimiento futuro mediante empréstitos cuyo pago corra bajo su responsabilidad mediante la prestación de servicios, lo que en última instancia implicaría su privatización solapada.
El tercer artículo es de la ex viceministra de economía de la anterior Administración: Velia Govaere (Una vela por el FEES y doña Laura). La señora Govaere se pronuncia a favor del planteamiento del CONARE, esencialmente desde una óptica filosófica y de la ética en la gestión pública. Fundándose en datos actuales (la subejecución del presupuesto 2008-09 del MEP es casi cuatro veces superior a la diferencia anual entre la propuesta del gobierno y la solicitud del CONARE), ella evidencia que lo que está detrás de todo esto es la valoración que como Nación le damos a la educación superior pública en tanto herramienta básica de ascenso social, redistribución de la riqueza, factor de identidad nacional y motor del desarrollo científico y tecnológico. No es centralmente un tema contable porque de otra manera tampoco habría dinero para las redes de cuido y porque de todas manera sin una reforma fiscal equitativa tampoco habrá recursos suficientes para que el Estado atienda sus necesidades más allá del crecimiento vegetativo de sus costos.
También apunta la ex viceministra de que quienes se oponen con tanta pasión a las peticiones de las universidades públicas no lo hacen tanto por ahorrarle dinero al Estado o por una reasignación de sus recursos escasos, si no por que les cobran su posición en torno a temas políticos como el TLC y la autonomía universitaria. Ante ello, se podría pensar que dado que ella los conoce tan bien por dentro a estos grupos (ha compartido algunas trincheras y puestos con ellos) es dable que efectivamente para los más recalcitrantes opositores de la universidades públicas, se trate de un “ajuste de cuentas” ideológico este empeño en asfixiar su crecimiento futuro. Aunque como veremos luego nos inclinamos a valorar que también de manera determinante se trata en no pocos casos de hacer viable a gran escala el financiamiento estatal a las universidades privadas.
Finalmente la autoría del cuarto artículo pertenece al también ex ministro y economista Thelmo Vargas (Universidades públicas: echar agua en un canasto). Don Thelmo, como es su costumbre, no se anda por las ramas: nos regala, una tras otras, las perlas con las que los opositores de la educación pública superior costeada por el Estado, han construido sus argumentaciones en por lo menos las últimas tres décadas. Su argumento central lo he escuchado en distintos foros desde que era un joven estudiante universitario en los tiempos de UPA (no solo porque fue hace muchos años sino por el grupo Unidad para Avanzar) y se resumen en la tajante afirmación de que “el financiamiento de la educación superior en Costa Rica contribuye a acentuar (en vez de reducir) la desigualdad económica entre los miembros de nuestra sociedad.” Lo cual, además procura sustentarse según don Thelmo en investigaciones de la propia Universidad de Costa Rica, conforme a las cuales la educación superior pública “beneficia fundamentalmente a estudiantes que provienen de las familias más acomodadas”
Bueno resulta que para estos críticos de la universidad pública costeada por el Estado, la realidad social y económica del país, su conformación en grupos sociales que de previo tienen acceso diferenciado a los bienes de la sociedad, se queda a las puertas del campus universitario. No es que la universidad pública contribuye a incrementar la desigualdad económica, es que tal desigualdad se impone a las políticas públicas y abroga muchos de sus resultados. Ocurre algo similar cuando el Estado financia (léase subsidia) la construcción de una carretera, los que más y mejor se benefician de ella son los empresarios y comerciantes que cuentan con los camiones y redes de comercialización más aptos para convertirla en una facilitadora de sus inversiones. Los pobres también se benefician pero en menor proporción y en aquellos rubros que contribuyen a posibilitarles una mejor inserción como fuerza de trabajo asalariada y acceso a servicios generales como la salud. Incluso si, como suele ocurrir, los impuestos para financiar la carretera y sus puentes son regresivos, los más pobres aportarán proporcionalmente más que los más pudientes a su construcción, siendo que como vimos obtienen menos de ella. Pero no creo que por ello a don Thelmo y a quienes piensan como él sobre el financiamiento estatal a las universidades públicas, se les ocurra restringir la construcción de obras de infraestructura y hacer que las paguen esencialmente quienes más beneficios obtienen de ellas. En todo caso si uno piensa así, lo coherente sería plantear que las universidades estatales abran sus puertas selectivamente cada vez a estudiantes más pobres promocionando sistemas de reclutamiento en los colegios de áreas rurales y urbano marginales; lo cual solo es pensable mediante un fortalecimiento del financiamiento estatal. Por que si como don Thelmo sugiere se aplica en las universidades públicas el lema que vale para una reforma tributaria de que “los ricos paguen como ricos y los pobres como tales” , entonces lo que pueden pagar lo harán en las universidades privadas.
Pero todo esto en el fondo no pareciera ser más que pequeñas excusas para justificar que las universidades públicas financien su crecimiento mediante la venta de servicios. Por que en realidad al señor Vargas no le preocupa que el estado financie la educación superior y que ello pueda contribuir eventualmente al incremento de la inequidad, pues según él “si se considerara que la educación universitaria genera enormes externalidades positivas (que benefician a toda la sociedad), entonces habría que subsidiar por igual a la pública y a la privada, no solo a la primera.” O sea que mientras el subsidio a los “ricos” ocurra en el contexto de la educación privada, está bien que ellos se beneficien. Suponemos que porque en este caso los subsidios (convertidos en utilidades) se compartirían con los empresarios dueños de las universidades privadas. Pero la cuestión es: qué contribuye más a la equidad y por esa vía al bienestar social: qué buena parte de los subsidios quede en manos de importantes sectores de las clases medias, profesionales y administrativos y sus familias que reciben incentivos salariales y de otro tipo en las universidades públicas, lo mismo que de estudiantes con matrículas parcialmente subsidiadas cuyos padres tienen ingresos medios, pero también de estudiantes rurales y de bajos ingresos; o que los subsidios vayan a engrosar las cuentas de empresarios respetables pero ya de por sí favorecidos con un sistema tributario inequitativo? En términos de concentración de riqueza, cuál sería un modelo más inclusivo: financiar a las universidades públicas o a las privadas?
Finalmente, la venta de servicios ya en un rubro importante en el mantenimiento de educación superior pública. Pero salvo que deseáramos pervertir su función como vínculo entre aprendizaje e inserción laboral y el pequeño y mediano empresariado como receptor principal del aporte que brinda las universidades públicas, la venta de servicio no puede sustituir el aporte estatal como columna financiera del crecimiento y mejoramiento del sistema.
